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Prevención Ambiental

Evaluación Ambiental Estratégica

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)

Cumplimiento de la Ley 7/2007 de 9 de Julio (Ley GICA)

La Evaluación Ambiental Estratégica es el procedimiento para analizar los efectos previsibles sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos antes de su aprobación. Este comienza desde la fase de diseño del propio plan o proyecto. El objetivo de esta evaluación previa es la prevención y corrección de los posibles impactos negativos derivados de la implementación del plan, programa o actuación.
La evaluación ambiental se regula en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA). Establece un procedimiento que varía en función del tipo de actuación a valorar:
  • proyectos,
  • planes y programas, e
  • instrumentos de planeamiento urbanístico.
La evaluación de planes, programas y planeamiento urbanístico se engloba dentro de la evaluación ambiental estratégica. Tiene carácter estratégico porque se evalúan una serie de directrices y líneas de actuación que condicionan el desarrollo futuro de proyectos.
En el procedimiento de evaluación ambiental estratégica intervienen:
  • el promotor del plan o programa, que es la persona física o jurídica, pública o privada, que promueve y elabora el plan,
  • el órgano sustantivo (normalmente el Ayuntamiento), que tiene la competencia de aprobación del plan o programa, y
  • el órgano ambiental, que tiene la competencia de resolver el procedimiento de evaluación ambiental. En el caso de planes y programas es común que el órgano sustantivo sea a la vez promotor.
Se trata de un procedimiento abierto en el que está garantizada la participación de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, así como del público en general, desde el principio, cuando el promotor presenta la solicitud de inicio ante el órgano ambiental y las alternativas están todavía abiertas.
La EAE se aplica a las propuestas y directrices sobre las materias que enumera el artículo 36 de Ley 7/2007, en donde se distinguen 2 procedimientos:
procedimiento ordinario, para planes y programas de diversa índole y grandes espacios
procedimiento simplificado para planes y programas que afecten a espacios reducidos o modificaciones menores
También, puesto que se trata de un trámite muy ligado al componente urbanístico, se ha de tener en cuenta el artículo 40 de la Ley GICA
Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se realizará siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas previstos en la sección 4.ª del título III de esta ley, con las particularidades recogidas en los apartados siguientes, derivadas de los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Se someten a evaluación ambiental estratégica los planes y programas (también sus modificaciones) que establecen estrategias, propuestas y directrices sobre las materias que enumera el artículo 36.1 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA). Entre estas materias se encuentran la agricultura, la minería, la energía, la gestión de recursos, la ocupación del dominio público o la ordenación del territorio. Así pues, según el artículo 36.1:
1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias:
  • agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca,
  • energía, industria, minería,
  • gestión de residuos,
  • gestión de recursos hídricos,
  • ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino,
  • telecomunicaciones, transporte, turismo,
  • ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo y
  • planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, que cumplan los dos requisitos siguientes:
    a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
    b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.
  • También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria:
    a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.2.
    b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico, de acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, evaluación ambiental.
    c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.
Los instrumentos del planeamiento urbanístico vienen recogidos en el artículo 40.2 de la Ley GICA:
2. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:
a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales.
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos:
c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en los apartados a), e) y f) del artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así como sus revisiones totales o parciales.
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así lo determine el órgano ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del plan.
Las solicitudes de AAU deben tramitarse ante la Delegación Territorial competente en materia de Medio Ambiente (actualmente Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) de la provincia donde se pretende llevar a cabo la actividad.
En cuanto a la solicitud de autorización ambiental unificada, ésta  se acompañará de la siguiente documentación:
  1. Proyecto Técnico conforme a las indicaciones del Anexo V del Decreto 356/2010, de 3 de agosto. Visado en aquellos casos que así lo exija la normativa sectorial de aplicación. En su caso, el proyecto deberá contener la documentación recogida en el Anexo VI del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, exigida por la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad y que sea necesaria para la obtención de las autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso integren la autorización ambiental unificada.
  2. Informe de Compatibilidad con el Planeamiento Urbanístico, con excepción de las actuaciones que no sean susceptibles de licencia municipal y las modificaciones sustanciales que no supongan aumento de la ocupación del suelo.
  3. Informe sobre la Afección al Patrimonio Histórico, resultante de una actividad arqueológica o informe de la Delegación Territorial de Cultura, de innecesariedad de dicha actividad, según el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
  4. Informe de Situación de Suelo en los supuestos regulados en el artículo 91.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
  5. Estudio de Impacto Ambiental, que contendrá, al menos, la información recogida en el Anexo III del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, o en el Anexo IV en caso de tramitarse por procedimiento abreviado. Aquellas actuaciones que deban ser autorizadas o aprobadas por la Administración General del Estado, presentarán su Declaración de Impacto Ambiental.
  6. Estudio Acústico o Justificación técnica de Innecesariedad del mismo. El Estudio Acústico se realizará siempre que se superen los 70 dB o para actividades situadas en zonas acústicas especiales o en otros casos contemplados en el artículo 42 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las actividades o proyectos será el establecido en la Instrucción Técnica 3.
  7. Acreditación del poder de representación en virtud del cual actúe, en su caso, la persona representante de la persona o entidad solicitante.
  8. Escritura de constitución de la entidad promotora  y, en su caso, de la entidad titular  o documentación identificativa de la persona física promotora.
  9. La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad, debiendo justificarlo de acuerdo con las disposiciones vigentes.
  10. Justificante del pago de las tasas que resulten de aplicación, en su caso.
  11. Cualquier otro documento que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato.
Asimismo, la solicitud se acompañará de un resumen de todas las indicaciones especificadas en el Anexo V del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, para facilitar su comprensión a efectos del trámite de información pública
Si se tienen dudas acerca de si una actividad está o no sometida a AAU, además del alcance, amplitud y grado de especificación de la documentación ambiental necesaria para solicitar dicha autorización ambiental, las personas o entidades titulares o promotoras de actuaciones podrán obtener de la Delegación Territorial con competencias en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio información mediante el procedimiento de Consultas Previas.
Para ello, deberán realizar una solicitud de información a la Delegación Territorial de la provincia donde pretenda llevar a cabo la actuación conforme el modelo que figura en el Anexo VII del Decreto 356/2010, de 3 de agosto.
  • Dicha solicitud deberá ir acompañada de una memoria resumen del proyecto que contendrá como mínimo:
  • Identificación de la persona o entidad titular o promotora.
  • Descripción y características más significativas del proyecto.
  • Ubicación del proyecto, para lo que se aportará cartografía a escala adecuada de su situación y emplazamiento.
  • Justificación de la necesidad u oportunidad de la actuación.
  • En su caso, principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos ambientales de cada una de ellas.
  • Determinación de las afecciones territoriales y ambientales de la actuación proyectada.
Teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, el órgano ambiental competente efectuará consultas a otras Administraciones Públicas y entidades que estime que puedan aportar alguna información de interés.
En el plazo máximo de veinte días desde la finalización del plazo de consultas, el órgano ambiental comunicará a la persona promotora el resultado de las consultas efectuadas y pondrá a su disposición, además de dicha información, cualquier otra documentación que obre en su poder y que pueda resultar de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental y del resto de la documentación que debe presentar junto con la solicitud de autorización ambiental unificada.
Esquema-resumen del procedimiento de AAU
Esquema-resumen del procedimiento de AAU
En la imagen se observa el procedimiento completo para la resolución de la AAU.
El Plazo de Resolución es de 8 meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano correspondiente que, excepcionalmente y por razones justificadas, podrá ser ampliado hasta diez meses.
El plazo máximo para resolver las actuaciones señaladas como procedimiento abreviado (AAU*) será de 6 meses.