Los proyectos de actuación se tramitan con objeto de poder autorizar la implantación en suelo no urbanizable de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, constituidos por los equipamientos colectivos que deban ubicarse necesariamente en este suelo, en razón a su propia esencia o por la mejor situación respecto de la población a la que sirven, las actividades necesarias o complementarias de la producción agraria, el almacenamiento y comercialización de productos peligrosos de cualquier naturaleza, las plantas de tratamiento de áridos, de fabricación de hormigones y de aglomerado, los almacenes de materiales y parques de maquinaria al aire libre, los centros e instalaciones de investigación y desarrollo de la producción agraria, los centros e instalaciones docentes y de formación agrícola, la acampada turística, las actividades de ocio, recreativas o deportivas y las plantas de reciclado de residuos de la agricultura.

Procedimiento de autorización

Conforme al art. 42 y 43 de la Ley 7/2002 (LOUA), el procedimiento para la aprobación de un Proyecto de Actuación es el siguiente:

1. Solicitud del interesado acompañado del Proyecto de Actuación.
2. Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia o no de los requisitos establecidos en la LOUA y en el PGOU.
3. Admitido a trámite, se someterá a información pública por un periodo de 20 días.
4. Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo que deberá ser emitido en el plazo máximo de treinta días.
5. Resolución del Ayuntamiento Pleno aprobando o denegando el Proyecto de Actuación.
6. Publicación de la resolución.
7. El Proyecto de Actuación contendrá la documentación señalada en el apartado 5 del artículo 42 de la LOUA.

Documentación a aportar:

• Proyecto de Actuación de acuerdo al artículo 42 de la LOUA (2 ejemplares).
• Plano de situación PGOU (Escala 1:2000)
• CD con archivos en PDF del proyecto.

Contenido de los proyectos de actuación:

1. Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión de los datos necesarios para su plena identificación.
2. Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá:
   1. Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
   2. Caracterización física y jurídica de los terrenos.
   3. Características socioeconómicas de la actividad.
   4. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.
3. Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:
   1. Utilidad pública o interés social de su objeto.
   2. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la calificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad.
   3. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales.
   4. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento.
   5. No inducción de la formación de nuevos asentamientos.
4. Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán constituidas por:
   1. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable.
   2. Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley.
   3. Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa.
5. Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad y permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos.