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Eficiencia energética

Mediante la Ley 7/2007 (Ley GICA), se formula una serie de instrumentos de prevención ambiental aplicables a las actuaciones que pueden afectar al medio ambiente andaluz.

Desde GESPROAM realizamos la Tramitación Ambiental de actividades y proyectos sometidos a Instrumentos de Prevención Ambiental, tales como:

Asimismo, existe una serie de proyectos de competencia estatal que deben pasar por el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), participando Andalucía en el periodo de consultas que realiza el Ministerio competente en la tramitación de dicha EIA.

Autorización Ambiental Unificada (AAU)

Autorización Ambiental Unificada (AAU)

Cumplimiento de la Ley 7/2007 de 9 de Julio (Ley GICA)

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, crea la Autorización Ambiental Unificada (AAU), cuyo principal objetivo es  “prevenir, evitar o, cuando esto no sea posible, reducir en origen la producción de residuos, las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de determinadas actuaciones, así como sus repercusiones sobre la flora y la fauna silvestre, los hábitats naturales y los procesos que sustentan su funcionamiento, con una atención especial a cualquier actuación que se proyecte dentro de la Red Natura 2000”, o sea: minimizar la posible contaminación
Hay que destacar, que sólo se tramitará un procedimiento medioambiental, con solo una “ventanilla única ambiental” y una resolución única o “respuesta ambiental unificada”, englobando en la AAU la evaluación de impacto ambiental y todas aquellas otras autorizaciones que antes se obtenían de forma separada (vertidos, captaciones de aguas, emisiones, residuos, etc.), siendo la Delegación Territorial competente en materia de Medio Ambiente (actualmente Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) la encargada de recabar los informes a las distintas administraciones afectadas y recogiendo en su Resolución los condicionantes que las mismas impongan, con carácter previo a su ejecución o puesta en marcha, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable entre otras materias, de:
  • vías pecuarias,
  • forestal,
  • espacios naturales protegidos,
  • residuos,
  • emisiones a la atmósfera,
  • vertidos a aguas litorales y continentales,
  • producción y gestión de residuos y
  • calidad ambiental del suelo,
Para conocer si una actividad se encuentra sometida a AAU se ha de consultar, en primer lugar, el Anexo III del Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril y Ley 3/2014, de 1 de octubre para las actividades que se vayan a ejecutar o instalar en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Podrían destacarse algunos ejemplos de actividades sometidas a AAU:
  • Las relacionadas con Energías Renovables de gran formato: parques eólicos de más de 6 MW o plantas fotovoltaicas de más de 10 ha
  • Infraestructuras lineales como: caminos, carreteras, ferrocarril o líneas eléctricas
  • Actividades relacionadas con Agricultura, Selvicultura y Acuicultura: cambios de uso del suelo, cambios de secano a regadío, pozos de profundidad mayor de 120 m, piscifactorías…
  • Explotaciones Ganaderas de cría no intensiva, donde se prima el bienestar animal
Por otro lado, también habría de considerarse el sometimiento a AAU en los siguientes casos:
  1. La modificación sustancial de las actuaciones anteriormente mencionadas.
  2. Las actuaciones sometidas a calificación ambiental que se extiendan a más de un municipio.
  3. Las actuaciones públicas y privadas, así como sus modificaciones sustanciales, que, no estando incluidas en los apartados anteriores, puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, cuando así lo decida el órgano ambiental competente.
  4. Otras actuaciones que por exigencias de la legislación básica estatal deban ser sometidas a evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, en los casos que decida el órgano ambiental competente, se someterán a autorización ambiental unificada:
  • Las actuaciones, así como sus modificaciones sustanciales, que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.
  • La construcción, montaje, explotación o traslado de las instalaciones o parte de las mismas, así como sus modificaciones sustanciales, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, queden excluidas del ámbito de aplicación de la autorización ambiental integrada.
Las solicitudes de AAU deben tramitarse ante la Delegación Territorial competente en materia de Medio Ambiente (actualmente Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) de la provincia donde se pretende llevar a cabo la actividad.
En cuanto a la solicitud de autorización ambiental unificada, ésta  se acompañará de la siguiente documentación:
  1. Proyecto Técnico conforme a las indicaciones del Anexo V del Decreto 356/2010, de 3 de agosto. Visado en aquellos casos que así lo exija la normativa sectorial de aplicación. En su caso, el proyecto deberá contener la documentación recogida en el Anexo VI del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, exigida por la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad y que sea necesaria para la obtención de las autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso integren la autorización ambiental unificada.
  2. Informe de Compatibilidad con el Planeamiento Urbanístico, con excepción de las actuaciones que no sean susceptibles de licencia municipal y las modificaciones sustanciales que no supongan aumento de la ocupación del suelo.
  3. Informe sobre la Afección al Patrimonio Histórico, resultante de una actividad arqueológica o informe de la Delegación Territorial de Cultura, de innecesariedad de dicha actividad, según el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
  4. Informe de Situación de Suelo en los supuestos regulados en el artículo 91.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
  5. Estudio de Impacto Ambiental, que contendrá, al menos, la información recogida en el Anexo III del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, o en el Anexo IV en caso de tramitarse por procedimiento abreviado. Aquellas actuaciones que deban ser autorizadas o aprobadas por la Administración General del Estado, presentarán su Declaración de Impacto Ambiental.
  6. Estudio Acústico o Justificación técnica de Innecesariedad del mismo. El Estudio Acústico se realizará siempre que se superen los 70 dB o para actividades situadas en zonas acústicas especiales o en otros casos contemplados en el artículo 42 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las actividades o proyectos será el establecido en la Instrucción Técnica 3.
  7. Acreditación del poder de representación en virtud del cual actúe, en su caso, la persona representante de la persona o entidad solicitante.
  8. Escritura de constitución de la entidad promotora  y, en su caso, de la entidad titular  o documentación identificativa de la persona física promotora.
  9. La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad, debiendo justificarlo de acuerdo con las disposiciones vigentes.
  10. Justificante del pago de las tasas que resulten de aplicación, en su caso.
  11. Cualquier otro documento que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato.
Asimismo, la solicitud se acompañará de un resumen de todas las indicaciones especificadas en el Anexo V del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, para facilitar su comprensión a efectos del trámite de información pública
Si se tienen dudas acerca de si una actividad está o no sometida a AAU, además del alcance, amplitud y grado de especificación de la documentación ambiental necesaria para solicitar dicha autorización ambiental, las personas o entidades titulares o promotoras de actuaciones podrán obtener de la Delegación Territorial con competencias en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio información mediante el procedimiento de Consultas Previas.
Para ello, deberán realizar una solicitud de información a la Delegación Territorial de la provincia donde pretenda llevar a cabo la actuación conforme el modelo que figura en el Anexo VII del Decreto 356/2010, de 3 de agosto.
  • Dicha solicitud deberá ir acompañada de una memoria resumen del proyecto que contendrá como mínimo:
  • Identificación de la persona o entidad titular o promotora.
  • Descripción y características más significativas del proyecto.
  • Ubicación del proyecto, para lo que se aportará cartografía a escala adecuada de su situación y emplazamiento.
  • Justificación de la necesidad u oportunidad de la actuación.
  • En su caso, principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos ambientales de cada una de ellas.
  • Determinación de las afecciones territoriales y ambientales de la actuación proyectada.
Teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, el órgano ambiental competente efectuará consultas a otras Administraciones Públicas y entidades que estime que puedan aportar alguna información de interés.
En el plazo máximo de veinte días desde la finalización del plazo de consultas, el órgano ambiental comunicará a la persona promotora el resultado de las consultas efectuadas y pondrá a su disposición, además de dicha información, cualquier otra documentación que obre en su poder y que pueda resultar de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental y del resto de la documentación que debe presentar junto con la solicitud de autorización ambiental unificada.
Esquema-resumen del procedimiento de AAU
Esquema-resumen del procedimiento de AAU
En la imagen se observa el procedimiento completo para la resolución de la AAU.
El Plazo de Resolución es de 8 meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano correspondiente que, excepcionalmente y por razones justificadas, podrá ser ampliado hasta diez meses.
El plazo máximo para resolver las actuaciones señaladas como procedimiento abreviado (AAU*) será de 6 meses.

Autorización Ambiental Integrada (AAI)

Autorización Ambiental Integrada (AAI)

Cumplimiento de la Ley 7/2007 de 9 de Julio (Ley GICA) y RD Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre

La Autorización Ambiental Integrada (AAI) entró en vigor bajo la Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control de la contaminación, derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Se trata de una herramienta de intervención administrativa con la que trata de aunar las diferentes autorizaciones sectoriales necesarias para la puesta en marcha de actividades e instalaciones que condicionen de forma importante al medio ambiente.
Está regulada bajo el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002. Estableció un reglamento para las mencionadas instalaciones y tiene las siguientes características:
  • Simplifica los tramites administrativos, integrando en una misma autorización las autorizaciones sectoriales de medio ambiente para las actividades que regula (producción y gestión de residuos, autorización de vertido, incluida la autorización de vertido al saneamiento, de competencia municipal, etc.).
  • Su objetivo es proteger al medio ambiente en su conjunto, aplicando los principios de prevención y control ambiental de una forma integrada, con el fin de impedir la transferencia de contaminación de un medio a otro. Para ello impone específicamente para cada instalación valores límite en todos los vectores ambientales (atmósfera, aguas, ruidos, residuos, suelos…), así como planes de vigilancia al respecto.
  • Vela por la utilización de manera eficiente de la energía, el agua, las materias primas, el paisaje, el territorio y otros recursos.
Para conocer si una actividad se encuentra sometida a AAI se ha de consultar, en primer lugar, el Anexo III del Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril y Ley 3/2014, de 1 de octubre para las actividades que se vayan a ejecutar o instalar en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Podrían destacarse algunos ejemplos de actividades sometidas a AAI:
  • Las relacionadas con Instalaciones Energéticas, Químicas o de Transformación que supongan combustión, emisiones y/o vertidos.
  • Industrias Agroalimentarias y Explotaciones de Ganadería Intensiva (pueden implicar vertidos y/o emisiones).
  • Instalaciones para la Eliminación o Valorización de Residuos (pueden implicar vertidos y/o emisiones).
El Reglamento de emisiones industriales aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre recoge en su Anejo 1 las categorías de actividades e instalaciones de titularidad pública o privada ya recogidas en la Ley 16/2002 y RDL 1/2016, y las que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo, con excepción de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.»
Por otro lado, también habría de considerarse el sometimiento a AAI en los siguientes casos:
  1. La modificación sustancial de las actuaciones anteriormente mencionadas.
  2. La modificación sustancial de las instalaciones o parte de las mismas anteriormente mencionadas.
  3. Las instalaciones que se encuentren operativas y que a causa de una modificación superen los umbrales establecidos en el citado Anexo para algunas de las categorías de instalaciones.
Quedan exceptuadas de autorización ambiental integrada las instalaciones o partes de las mismas mencionadas que sirvan exclusivamente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.
Las solicitudes de AAI deben tramitarse ante la Delegación Territorial competente en materia de Medio Ambiente (actualmente Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) de la provincia donde se pretende llevar a cabo la actividad.
En cuanto a la solicitud de autorización ambiental integrada, ésta  se acompañará de la siguiente documentación:
La solicitud de autorización ambiental integrada se acompañará de la siguiente documentación:
  1. Proyecto básico, que deberá contener la documentación recogida en el artículo 12.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en el Anexo V del Decreto 5/2012, de 17 de enero, así como, en su caso, la documentación recogida en el Anexo VII de dicho Decreto exigida por la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad y que sea necesaria para obtener las autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso integren la autorización ambiental necesaria.
  2. Informe de Compatibilidad con el Planeamiento Urbanístico, con excepción de las actuaciones que no sean susceptibles de licencia municipal y las modificaciones sustanciales que no supongan aumento de la ocupación del suelo.
  3. Solicitud de la licencia municipal de actividades dirigida al Ayuntamiento correspondiente, acompañada de la documentación correspondiente.
  4. Informe sobre la Afección al Patrimonio Histórico, resultante de una actividad arqueológica o informe de la Delegación Territorial de Cultura, de innecesariedad de dicha actividad, según el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
  5. Estudio de Impacto Ambiental, salvo en el supuesto regulado en la Sección 4.ª del Capítulo III del Decreto 5/2012, de 17 de enero, que contendrá al menos, la información recogida en el Anexo VI.
  6. En su caso, informe de situación del suelo regulado en el artículo 91.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
  7. Estudio Acústico o Justificación técnica de Innecesariedad del mismo. El Estudio Acústico se realizará siempre que se superen los 70 dB o para actividades situadas en zonas acústicas especiales o en otros casos contemplados en el artículo 42 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las actividades o proyectos será el establecido en la Instrucción Técnica 3.
  8. Acreditación del poder de representación en virtud del cual actúe, en su caso, la persona representante de la persona o entidad solicitante.
  9. Escritura de constitución de la entidad promotora  y, en su caso, de la entidad titular  o documentación identificativa de la persona física promotora.
  10. Justificante del pago de las tasas que resulten de aplicación, en su caso.
  11. La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad, debiendo justificarlo de acuerdo con las disposiciones vigentes.
  12. Cualquier otro documento que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato.
Si se tienen dudas acerca de si una actividad está o no sometida a AAI, además del alcance, amplitud y grado de especificación de la documentación ambiental necesaria para solicitar dicha autorización ambiental, las personas o entidades titulares o promotoras de actuaciones podrán obtener de la Delegación Territorial con competencias en Medio Ambiente información mediante el procedimiento de Consultas Previas.
Para ello, deberán realizar una solicitud de información a la Delegación Territorial de la provincia donde pretenda llevar a cabo la actuación conforme el modelo que figura en el Anexo III del DECRETO 5/2012, de 17 de enero.
Dicha solicitud deberá ir acompañada de una memoria resumen del proyecto que contendrá como mínimo:
  • Identificación de la persona o entidad titular o promotora.
  • Descripción y características más significativas del proyecto.
  • Ubicación del proyecto, para lo que se aportará cartografía a escala adecuada de su situación y emplazamiento.
  • Justificación de la necesidad u oportunidad de la actuación.
  • En su caso, principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos ambientales de cada una de ellas.
  • Determinación de las afecciones territoriales y ambientales de la actuación proyectada.
Teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, el órgano ambiental competente efectuará consultas a los Ayuntamientos de los municipios afectados, los órganos que deban emitir informes preceptivos y vinculantes, el órgano sustantivo y, en su caso, a los órganos de la Administración General del Estado cuyas competencias puedan verse afectadas, y a otras entidades o administraciones públicas que, en razón de sus competencias, resulten concernidas, así como a otros organismos, instituciones, organizaciones ciudadanas y autoridades científicas que estime puedan aportar alguna información de interés, para que en el plazo de treinta días, se pronuncien sobre el impacto ambiental de la actividad o aporten cualquier otra información que deba ser tenida en cuenta.

En la imagen se observa el procedimiento completo para la resolución de la AAI.
El Plazo de Resolución es de 10 meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano correspondiente.

Evaluación Ambiental Estratégica

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)

Cumplimiento de la Ley 7/2007 de 9 de Julio (Ley GICA)

La Evaluación Ambiental Estratégica es el procedimiento para analizar los efectos previsibles sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos antes de su aprobación. Este comienza desde la fase de diseño del propio plan o proyecto. El objetivo de esta evaluación previa es la prevención y corrección de los posibles impactos negativos derivados de la implementación del plan, programa o actuación.
La evaluación ambiental se regula en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA). Establece un procedimiento que varía en función del tipo de actuación a valorar:
  • proyectos,
  • planes y programas, e
  • instrumentos de planeamiento urbanístico.
La evaluación de planes, programas y planeamiento urbanístico se engloba dentro de la evaluación ambiental estratégica. Tiene carácter estratégico porque se evalúan una serie de directrices y líneas de actuación que condicionan el desarrollo futuro de proyectos.
En el procedimiento de evaluación ambiental estratégica intervienen:
  • el promotor del plan o programa, que es la persona física o jurídica, pública o privada, que promueve y elabora el plan,
  • el órgano sustantivo (normalmente el Ayuntamiento), que tiene la competencia de aprobación del plan o programa, y
  • el órgano ambiental, que tiene la competencia de resolver el procedimiento de evaluación ambiental. En el caso de planes y programas es común que el órgano sustantivo sea a la vez promotor.
Se trata de un procedimiento abierto en el que está garantizada la participación de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, así como del público en general, desde el principio, cuando el promotor presenta la solicitud de inicio ante el órgano ambiental y las alternativas están todavía abiertas.
La EAE se aplica a las propuestas y directrices sobre las materias que enumera el artículo 36 de Ley 7/2007, en donde se distinguen 2 procedimientos:
procedimiento ordinario, para planes y programas de diversa índole y grandes espacios
procedimiento simplificado para planes y programas que afecten a espacios reducidos o modificaciones menores
También, puesto que se trata de un trámite muy ligado al componente urbanístico, se ha de tener en cuenta el artículo 40 de la Ley GICA
Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se realizará siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas previstos en la sección 4.ª del título III de esta ley, con las particularidades recogidas en los apartados siguientes, derivadas de los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Se someten a evaluación ambiental estratégica los planes y programas (también sus modificaciones) que establecen estrategias, propuestas y directrices sobre las materias que enumera el artículo 36.1 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA). Entre estas materias se encuentran la agricultura, la minería, la energía, la gestión de recursos, la ocupación del dominio público o la ordenación del territorio. Así pues, según el artículo 36.1:
1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias:
  • agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca,
  • energía, industria, minería,
  • gestión de residuos,
  • gestión de recursos hídricos,
  • ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino,
  • telecomunicaciones, transporte, turismo,
  • ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo y
  • planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, que cumplan los dos requisitos siguientes:
    a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
    b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.
  • También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria:
    a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.2.
    b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico, de acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, evaluación ambiental.
    c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.
Los instrumentos del planeamiento urbanístico vienen recogidos en el artículo 40.2 de la Ley GICA:
2. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:
a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales.
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos:
c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en los apartados a), e) y f) del artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así como sus revisiones totales o parciales.
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así lo determine el órgano ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del plan.
Las solicitudes de AAU deben tramitarse ante la Delegación Territorial competente en materia de Medio Ambiente (actualmente Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) de la provincia donde se pretende llevar a cabo la actividad.
En cuanto a la solicitud de autorización ambiental unificada, ésta  se acompañará de la siguiente documentación:
  1. Proyecto Técnico conforme a las indicaciones del Anexo V del Decreto 356/2010, de 3 de agosto. Visado en aquellos casos que así lo exija la normativa sectorial de aplicación. En su caso, el proyecto deberá contener la documentación recogida en el Anexo VI del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, exigida por la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad y que sea necesaria para la obtención de las autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso integren la autorización ambiental unificada.
  2. Informe de Compatibilidad con el Planeamiento Urbanístico, con excepción de las actuaciones que no sean susceptibles de licencia municipal y las modificaciones sustanciales que no supongan aumento de la ocupación del suelo.
  3. Informe sobre la Afección al Patrimonio Histórico, resultante de una actividad arqueológica o informe de la Delegación Territorial de Cultura, de innecesariedad de dicha actividad, según el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
  4. Informe de Situación de Suelo en los supuestos regulados en el artículo 91.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
  5. Estudio de Impacto Ambiental, que contendrá, al menos, la información recogida en el Anexo III del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, o en el Anexo IV en caso de tramitarse por procedimiento abreviado. Aquellas actuaciones que deban ser autorizadas o aprobadas por la Administración General del Estado, presentarán su Declaración de Impacto Ambiental.
  6. Estudio Acústico o Justificación técnica de Innecesariedad del mismo. El Estudio Acústico se realizará siempre que se superen los 70 dB o para actividades situadas en zonas acústicas especiales o en otros casos contemplados en el artículo 42 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las actividades o proyectos será el establecido en la Instrucción Técnica 3.
  7. Acreditación del poder de representación en virtud del cual actúe, en su caso, la persona representante de la persona o entidad solicitante.
  8. Escritura de constitución de la entidad promotora  y, en su caso, de la entidad titular  o documentación identificativa de la persona física promotora.
  9. La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad, debiendo justificarlo de acuerdo con las disposiciones vigentes.
  10. Justificante del pago de las tasas que resulten de aplicación, en su caso.
  11. Cualquier otro documento que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato.
Asimismo, la solicitud se acompañará de un resumen de todas las indicaciones especificadas en el Anexo V del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, para facilitar su comprensión a efectos del trámite de información pública
Si se tienen dudas acerca de si una actividad está o no sometida a AAU, además del alcance, amplitud y grado de especificación de la documentación ambiental necesaria para solicitar dicha autorización ambiental, las personas o entidades titulares o promotoras de actuaciones podrán obtener de la Delegación Territorial con competencias en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio información mediante el procedimiento de Consultas Previas.
Para ello, deberán realizar una solicitud de información a la Delegación Territorial de la provincia donde pretenda llevar a cabo la actuación conforme el modelo que figura en el Anexo VII del Decreto 356/2010, de 3 de agosto.
  • Dicha solicitud deberá ir acompañada de una memoria resumen del proyecto que contendrá como mínimo:
  • Identificación de la persona o entidad titular o promotora.
  • Descripción y características más significativas del proyecto.
  • Ubicación del proyecto, para lo que se aportará cartografía a escala adecuada de su situación y emplazamiento.
  • Justificación de la necesidad u oportunidad de la actuación.
  • En su caso, principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos ambientales de cada una de ellas.
  • Determinación de las afecciones territoriales y ambientales de la actuación proyectada.
Teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, el órgano ambiental competente efectuará consultas a otras Administraciones Públicas y entidades que estime que puedan aportar alguna información de interés.
En el plazo máximo de veinte días desde la finalización del plazo de consultas, el órgano ambiental comunicará a la persona promotora el resultado de las consultas efectuadas y pondrá a su disposición, además de dicha información, cualquier otra documentación que obre en su poder y que pueda resultar de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental y del resto de la documentación que debe presentar junto con la solicitud de autorización ambiental unificada.
Esquema-resumen del procedimiento de AAU
Esquema-resumen del procedimiento de AAU
En la imagen se observa el procedimiento completo para la resolución de la AAU.
El Plazo de Resolución es de 8 meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano correspondiente que, excepcionalmente y por razones justificadas, podrá ser ampliado hasta diez meses.
El plazo máximo para resolver las actuaciones señaladas como procedimiento abreviado (AAU*) será de 6 meses.

Calificación Ambiental (CA)

Calificación Ambiental (CA)

Cumplimiento de la Ley 7/2007 de 9 de Julio (Ley GICA)

La calificación ambiental es el procedimiento mediante el cual se analizan las consecuencias ambientales de la implantación, ampliación, modificación o traslado de las actividades que así recoja el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (y modificación introducida por el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, y la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas),  al objeto de comprobar su adecuación a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente, siéndole aplicable el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
Se considera aplicable el procedimiento de calificación ambiental a las modificaciones o ampliaciones de actividades, siempre que supongan incremento de la carga contaminante de las emisiones a la atmósfera, de los vertidos a cauces públicos o al litoral, o en la generación de residuos, así como incremento en la utilización de recursos naturales u ocupación de suelo no urbanizable o urbanizable no programado y afección a un espacio natural protegido.
La competencia para la calificación ambiental corresponderá al Ayuntamiento, integrándose en el correspondiente procedimiento de licencia municipal.
Para conocer si una actividad se encuentra sometida a CA se ha de consultar, en primer lugar, el Anexo III del Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril y Ley 3/2014, de 1 de octubre para las actividades que se vayan a ejecutar o instalar en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Podrían destacarse algunos ejemplos de actividades sometidas a CA:
  • Las relacionadas con Energías Renovables de pequeño formato: parques eólicos de menos de 6 MW o plantas fotovoltaicas de menos de 10 ha
  • Infraestructuras lineales de pequeña longitud como: caminos o líneas eléctricas
  • Actividades relacionadas con Agricultura: instalaciones hortofrutícolas, limpieza y lavado de aceituna, alimentación de animales…
  • Explotaciones Ganaderas de pocos ejemplares, incluidos núcleos zoológicos
  • Establecimientos comerciales de diferente índole: restaurantes, teatros, discotecas, carnicerías, talleres…
Los titulares de actividades sujetas al trámite de CA deben dirigirse al Ayuntamiento o ente local competente (las Diputaciones Provinciales para el caso de núcleos de población pequeños) del municipio donde se pretende llevar a cabo la actividad.
La Calificación Ambiental se integra en el procedimiento de otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la actividad que se pretende realizar.
No puede otorgarse licencia municipal referida a las actuaciones sujetas a Calificación Ambiental hasta tanto se de total cumplimiento a dicho trámite, ni en contra de lo que se establezca en la resolución de Calificación Ambiental.
Los documentos necesarios para la solicitud de la licencia de actividad, como mínimo reunirá la siguiente documentación:
  • Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la legislación, por técnico competente, el cual deberá incluir a los efectos ambientales:
    • Objeto de la actividad.
    • Emplazamiento, adjuntando planos escala 1:500 y descripción del edificio en que se ha de instalar. En la descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más próximas, pozos y tomas de agua, centros públicos, industrias calificadas, etc., aportando planos que evidencien estas relaciones.
    • Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar.
    • Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los mismos que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.
    • Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes. Como mínimo en relación con:
    • Ruidos y vibraciones.
    • Emisiones a la atmósfera.
    • Utilización del agua y vertidos líquidos.
    • Generación, almacenamiento y eliminación de residuos.
    • Almacenamiento de productos.
    • Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles.
  • Estudio Acústico o Justificación técnica de Innecesariedad del mismo. El Estudio Acústico se realizará siempre que se superen los 70 dB o para actividades situadas en zonas acústicas especiales o en otros casos contemplados en el artículo 42 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las actividades o proyectos será el establecido en la Instrucción Técnica 3.
  • Síntesis de las características de la actividad o actuación para la que se solicita la licencia, cumplimentada, en su caso, en el modelo oficial correspondiente
  • Acreditación del poder de representación en virtud del cual actúe, en su caso, la persona representante de la persona o entidad solicitante.
  1. Escritura de constitución de la entidad promotora  y, en su caso, de la entidad titular  o documentación identificativa de la persona física promotora.
  2. La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad, debiendo justificarlo de acuerdo con las disposiciones vigentes.
  3. Justificante del pago de las tasas que resulten de aplicación, en su caso.
  4. Aquellos otros documentos que los Ayuntamientos exijan con arreglo a su propia normativa.
Mediante el Decreto 1/2016, de 12 de enero, se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la Declaración Responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto «Emprende en 3». Entre las diversas medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas adoptadas en dicha Ley 3/2014, merece destacar:
  • La inexigibilidad de licencias para determinadas actividades económicas de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, derivada de la modificación de la misma por el artículo 13 de la mencionada Ley 3/2014, tal y como se señala a continuación:
  • La posibilidad de efectuar la calificación ambiental de determinadas actuaciones relacionadas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental mediante la presentación de una Declaración Responsable, derivada de la modificación introducida por el artículo 7 apartado 3 de la Ley 3/2014.
Así, el trámite de calificación ambiental se sustituirá por la presentación de declaraciones responsables en aquellas actividades económicas que tengan un impacto reducido en el medio ambiente. Un total de 36 categorías de actividades económicas podrán beneficiarse de este mecanismo de intervención administrativa y cuya relación se recoge en el Anexo III de la ley 3/2014, de 1 de octubre.
Estas modificaciones normativas vienen a establecer en Andalucía el marco legal para la sustitución de la licencia municipal previa por una declaración responsable, que surtirá los mismos efectos que la licencia a la que sustituye, frente a la Administración competente y frente a las empresas suministradoras de servicios públicos. Es importante destacar que la sustitución de la licencia por el mecanismo de la Declaración Responsable supone simplemente el control de la Administración pasará a realizarse a posteriori.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
  • La documentación con la que debe contar el empresario para presentar dicha declaración responsable, como mínimo, será la siguiente:
    • Proyecto Técnico suscrito por técnico competente, cuando así lo exija la legislación urbanística, que deberá incluir, a los efectos ambientales según el artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre.
    • Certificación de personal técnico competente, en el supuesto en el que la legislación exija la suscripción de Proyecto técnico, acreditando que la actuación se ha llevado a cabo en cumplimiento estricto de las medidas de corrección medioambiental incluidas en el análisis ambiental.
  • Modelo específico de declaración responsable que establezca, en el ejercicio de su autonomía local, el municipio.
Asimismo, cabe señalar que la presentación de la Declaración Responsable en los supuestos de actuaciones comprendidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, como sujetas a calificación ambiental mediante Declaración Responsable (CA-DR), con los efectos que lleva aparejados (esto es la habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad de que se trate), no queda sometida al procedimiento de calificación ambiental regulado en el Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. Es decir, no le resulta de aplicación los trámites del procedimiento de calificación ambiental previstos en el Reglamento de Calificación Ambiental, como por ejemplo el período de información pública, el plazo de presentación de alegaciones de los interesados, la propuesta de resolución, etc… trámites pensados para el régimen de autorización.

Tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local competente, antes del término de 5 días, abrirá un período de información pública por plazo de 20 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad y notificación personal a los colindantes del predio en el que se pretenda realizar. Durante el período de información pública el expediente permanecerá expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento.
En el plazo de 20 días contados a partir de la presentación de las alegaciones de los interesados o de la finalización del plazo a que se refiere el párrafo anterior, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento o ente local competente, formularán propuesta de resolución de Calificación Ambiental debidamente motivada, en la que se considerará la normativa urbanística y ambiental vigente, los posibles efectos aditivos o acumulativos y las alegaciones presentadas durante la información pública.
La resolución calificatoria se integrará en el expediente de otorgamiento de la licencia solicitada, y determinará en todo caso la denegación de la misma cuando la actividad sea calificada desfavorablemente.

Evaluación de Impacto Ambiental Estatal

Los proyectos cuya autorización o aprobación corresponde a la Administración General del Estado (Refinerías, Grandes Centrales de Producción Eléctrica, Fabricación de Explosivos, aquellos que afecten a la seguridad nacional, infraestructuras de competencia Estatal, etc.) estarán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental en caso que así esté recogido en el RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, y será Órgano ambiental el Ministerio competente en Medio Ambiente.

En la tramitación ambiental de dichos proyectos, cuando se encuentren en el ámbito territorial de Andalucía, el Estado debe consultar preceptivamente a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, que participará en la tramitación según lo dispuesto en los artículos 4, 8, 9 y 17.2 del citado RDL.

Seguimiento y Vigilancia Ambiental

En muchos proyectos y obras es necesario contar con el asesoramiento de un equipo de profesionales con gran experiencia en medio ambiente para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, así como controlar y gestionar la puesta en marcha de las medidas recogidas en los Estudios de Impacto Ambiental o por las resoluciones de la administración competente (AAU, AAI, CA).

GESPROAM realiza Programas de Vigilancia Ambiental para cualquier tipo de proyecto que así lo requiera. Ofrecemos un servicio de Asistencia Técnica y Dirección de Obra en el que emitimos los informes periódicos, requeridos por la Administración, en los que se ve reflejado que se asegure el cumplimiento de las medidas propuestas y/o impuestas y se respeten los aspectos ambientales que especifican los Estudios e Informes y Autorizaciones Ambientales.

Los principales objetivos de estos programas de vigilancia ambiental son:

1. Realización de un seguimiento adecuado de los impactos identificados, determinando así si se adecúan o no a las previsiones realizadas.

2. Detectar los impactos no previstos articulando las medidas necesarias de prevención y corrección para subsanarlos.

3. Supervisar la puesta en práctica de las medidas preventivas y correctoras determinadas, comprobando su efectividad.

Desde GESPROAM personalizamos y nos adaptamos a las necesidades de vigilancia ambiental por parte del cliente o promotor que contenga la normativa, las autorizaciones y las características de la actividad.

Evaluación de Impacto en Salud (EIS)

Una Evaluación de Impacto en Salud EIS sirve para mejorar la toma de decisiones  y para maximizar los efectos positivos en salud, reducir razonablemente los negativos y distribuirlos de forma equitativa entre la población.

La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) consta de varios procedimientos, métodos e instrumentos para que un programa o proyecto puede ser calificado y evaluado en relación a sus posibles potenciales efectos en la salud de una determinada población.

El principal objetivo del EIS es el de aportar información útil en la toma de decisiones para lograr garantizar al máximo los efectos positivos a la salud, reducir de forma razonable los negativos, logrando que ambos se distribuyan equitativamente entre la población. Con ello, se consiguen optimizar los esfuerzos al actuar de forma preventiva y organizada sobre los diferentes puntos que tienen notable influencia sobre la salud de los ciudadanos.

Normativa e instrucciones relacionadas con EIS